Nos dice Celáa: “el diálogo frente a la crispación y frente al camino del desorden o incluso de la posible violencia”. Bajo estas cándidas palabras subyace una idea que de alguna manera nos sugiere que toda acción, por supuesto democrática, ha de ser siempre ajena a la violencia. Pero no debemos olvidar que toda acción coactiva, dada su naturaleza esencialmente violenta, y toda ley en el caso de que no sea voluntariamente cumplida requerirá para materializarse de una fuerza autorizada por un juez que sea capaz de obligar, obviamente utilizando la violencia; uno no va a la cárcel por libre decisión, va porque le obligan.

El despropósito está en que hoy se asume que toda violencia es inmoral, es un  recurso incluso irracional, y sin cabida posible en un Estado de derecho como el nuestro. Esto nos obliga a entender que todo acto caracterizado públicamente como violento ha de ser perseguido. En este confuso terreno de reflexión quien en principio más tiene que perder, si es medianamente hábil, juega con ventaja, y lo hace porque la opinión pública en general, de la mano de los generadores de opinión, no aclaran la diferencia entre violencia legal y violencia ilegal y menos entre violencia y terrorismo. Las tesis panglosianas por fáciles son atractivas. Así los actos de los CDR (Comités de Defensa de la República) pueden en la confusión ser entendidos y calificados de violentos al igual que pueden ser vistos como violentos los actos de los miembros de la Guardia Civil, y esto porque desde el punto de vista del Gobierno español las acciones de los CDR detenidos son violentas en tanto que con ellas obligan a terceros contra su voluntad, en el límite pudiendo poner en riesgo su vida,  o porque potencialmente pueden tener la capacidad de poder provocar daños materiales en instalaciones de suministro esenciales de la comunidad catalana. Al estar al margen de la ley resultan condenables e intolerables por ser ajenas al diálogo (sobrentendido como no violento). El problema es que desde el punto de vista del Gobierno de Cataluña toda intervención coactiva que use la fuerza (y no de la palabra) al derivar de un Estado cuya legalidad no quieren reconocer y si quieren doblegar, la consideran violenta. Al final todos son violentos, las flores dejan paso a las armas, a los explosivos, al secretismo y a una tensión permanente entre una ciudadanía condenada al silencio.

Intentando mermar la confusión general. No toda violencia es inmoral, hay actos violentos nobles, actos como el de empujar con fuerza a un peatón en riesgo cierto de atropello para evitar su muerte. Y por último, los actos terroristas son algo más que actos violentos. El terrorismo que se está juzgando y por el que hasta ahora han sido encausados los siete miembros de los CDR se caracterizaría por actuar de forma arbitraria, sin previo aviso, dejando una marca que los identificase con su grupo y objetivos políticos, y a su vez exigiría que las victimas estuviesen sometidas a un miedo imprevisible asociado involuntariamente a un silencio cómplice.

La obligación de una ministra portavoz del Gobierno es aclarar no confundir a la opinión pública con términos que dulcifican y enredan acciones que exigen de todos nosotros un compromiso de condena máximo.

En fin, en un Estado de derecho la ley ha de tener la fuerza suficiente para poder obligar, coaccionar, a aquel o aquellos que atenten contra el interés general y la justicia. La aplicación de la ley exige del uso legítimo de la violencia, uso no irracional y menos despreciable. Un ley que no es capaz de obligar no es una buena ley.

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