El fundamentalismo ético no tiene límites. No hay fronteras que delimiten la práctica individual. La política muta y deja de ser, se arriesga a no ser, degradándose se corrompe, y desviándose de sus funciones se torna traicionada. La política es el lugar común para la crítica espontánea, el consenso de partida se inicia a partir de un principio que cohesiona: la política es mala política, es lo que hacen los políticos, y el contenido del vilipendio se agota en los individuos a la vez que se salva como valor supremo la democracia. Con el fundamentalismo ético los proyectos colectivos se desestructuran, los particularismos asoman, y lo individual se nos muestra como único criterio de validez objetivo que permite dirimir entre el buen político y el malo. Nadie participa de proyecto compartido alguno, todo es tan individual como autónomo.

Una autoridad política designada para hacerse cargo de las riendas del estado ha de procurar una vez otorgada su autoridad hacer que lo recibido cambie a mejor. El fin de la política es que en su haber estén los resultados ejecutados a partir de planes de gobierno orientados a solucionar problemas permanentes tomando medidas no estériles, sino eficaces y capaces de debilitar las tensiones de la sociedad civil. La autoridad bien entendida, legitimada para su función, servirá para hacer del otro, del ciudadano, un individuo mejor, y a su vez para procurar que el estado (“veluti una mens”, o entendimiento absoluto en acto, como nos dirá Spinoza) sea más estable, más fuerte, esté mejor cohesionado, estructurado, que garantice la recurrencia de su sistema productivo, su abastecimiento, aumente su independencia, y su presencia en la política internacional, es decir merme las posibles amenazas internas o externas. Luego hacer política pasa necesariamente por procurar con la prudencia (phrónesis) debida que el estado perdure en el tiempo (eutaxia) y sea cada vez más estable. Ese es el finis operantis. Otra cosa es su finis operis. Y esto pasa por saber reconocer que las decisiones políticas no siempre han de ser éticamente virtuosas. El conflicto es ineludible y cuando se produce las posibilidades son: construir  ficciones que amortigüen el mal ético infringido, o bien ocultar los actos que no van a ser bien recibidos por el conjunto de la sociedad civil; procedimiento más recurrido y propio de las democracias homologadas: no hablar para no mentir.

La política más allá del estado carece de sentido. No hay política en una comunidad de vecinos, se usan procedimientos técnicos propios de las sociedades políticas pero eso no quiere decir que se hagan planes de futuro para mantener en orden una sociedad civil. Tampoco es labor de un equipo de gobierno atender a la paz mundial, a la salvación medioambiental del planeta, a hacer que sus vecinos políticos vivan mejor, acaparen más protagonismo y mediante alianzas con terceros pueden presionar con mayor eficacia las fronteras nacionales. Lo prioritario, lo exigido, es el bienestar de sus ciudadanos.

Sentadas las bases de lo que hemos de entender por arte de lo posible ya podemos decir que hay situaciones donde ya no solo la estabilidad del estado sino su misma existencia requieren de acciones que deben sacrificar la vida de muchas personas. Las guerras de ser irreversibles suponen doblegar la ética, sacrificar la vida de muchos ciudadanos, en pos de la política, del interés del conjunto. Nos perdonará Kant pero la deseada paz perpetua, inexorable abrazados a su idealismo trascendental, a su triunfo futuro de la razón humana, más allá de todo conflicto de clases y de estados, parece muy poco probable. Una pandemia vírica forzará a cualquier ejecutivo nacional a activar un estado de alarma que limite derechos fundamentales, podríamos decir éticos, justificado por la necesaria y urgente necesidad de mantener la pervivencia del estado. Será un momento de quietud tensa cuya duración y utilidad deberá permitir que la recurrencia del sistema productivo pueda volver a activarse una vez se pueda doblegar la perniciosa letalidad del agente patógeno. Incluso la realidad política podrá imponerse a la moral dominante.

El comunismo soviético de Stalin o el nacionalsocialismo de Hitler con el tratado Molotov-Ribbentrop, sacrificaron sus morales en beneficio de sus respectivos planes políticos; uno ganar tiempo para trasladar las instalaciones productivas de su país detrás de los Urales, fortalecer la industria militar y purgar de su ejército a todo posible alto mando que desafiara sus planes futuros de defensa del estado soviético, el otro para no verse acosado en dos frentes mientras ocupaba Europa occidental, aumentaba su hegemonía y hacia añicos el Tratado de Versalles. Y nos decía Maquiavelo: «Y hay que tener bien en cuenta que el príncipe, y máxime uno nuevo, no puede observar todo lo que hace que los hombres sean tenidos por buenos, ya que a menudo se ve forzado para conservar el estado a obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión» El Principe, pág. 140. Cátedra. Madrid 1995.

Pero no todo es tensión entre la ética y la política, la justicia social (legitimidad) y la justicia política (legalidad), el orden bueno y el buen orden. El buen gobierno del estado deberá procurar no sólo su firmeza a modo de estabilidad y seguridad, sino también lo mejor y más útil para sus ciudadanos, su libertad. Luchará por poner en marcha planes sanitarios que eviten la enfermedad, programará y legislará para paliar en la medida de lo posible la quiebra de la salud de sus ciudadanos, intentará disuadirlos del consumo adictivo, patológico, de bebidas alcohólicas, tabaco o drogas. No promocionará la promiscuidad, y si fuese una actuación racional y no inmoral, iría actuando en la paulatina desaparición de todo tipo de juegos de azar, forma irracional de dar falsamente esperanza condenando a la inmensa mayoría a la imposibilidad de conocer y controlar, aunque sea mínimamente, a la diosa fortuna; todo ello perpetuando la desgracia a la vez que se reconoce la esperanza colmada del que se transforma por arte de birlibirloque en agraciado. Y también habrá cooperación cuando un buen gobierno dirija todos su mejores esfuerzos a planes educativos que no permitan: la promoción ideológica de grupos terroristas, de grupos organizados y estimulados por minorías con fuerza suficiente para desafiar al estado mediante actos de sedición, es decir de ruptura de su misma existencia, el quebranto sistemático e impune de sus leyes (aunque sean entendidas formalmente, inoperantes, sin capacidad de coacción o de poder reconducir conductas contra la voluntad de quien no las cumpla), de traidores que jurando o prometiendo cumplir y hacer cumplir las leyes a su modo (también cobrar) promuevan actos de alta traición, y finalmente no amparando la corrupción como valor político.

Habrá males éticos, contrarios a la estabilidad del estado y su compromiso ético, cuando desde la sociedad civil se creen hábitos e instrumentos dirigidos al fraude, a la evasión de impuestos (siempre y cuando la tributación exigida no se transforme en confiscación, es decir no sea tan asfixiante como ilimitada), o en el ámbito de la vida dirigidas al aborto ilegal o a programas eugenésicos apoyados por las ciencias, las tecnologías y por doctrinarios ideológicos donde se cuestione la dignidad de la vida humana.

En fin, no todo mal es ético, no todo mal es político, y no todo bien es ético y no todo bien es político. No somos bestias, pero debemos evitar creernos dioses, nos decía ya Aristóteles en su Política.

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